El viernes pasado el Consejo de Ministros aprobó y remitió al Parlamento el proyecto de Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI), eso sí, después de dejar fuera el criticado artículo 17 bis, el cual facilitaba a la sociedades de gestión de derechos de autor, como la SGAE, la capacidad de instar a los proveedores de Internet a retirar o bloquear contenidos en Webs que ellas consideraran ilícitos, y sin necesidad de orden judicial.
Gracias a la reacción de asociaciones de internautas y operadoras de telecomunicaciones, el Gobierno ha decidido no incluir en la LISI tan polémico artículo y regulará el asunto de la piratería por Internet en una ley independiente sobre la propiedad intelectual en Internet, que tendrá que ser escuchada por todo el sector, y es que el polémico artículo se introdujo tras pasar el borrador de la LISI, por el Catsi (formado por representantes de la industria, sindicatos, usuarios y administración) y por las asociaciones de consumidores, lo que impedía hacer las alegaciones oportunas.
Por tanto a la espera de la nueva ley sobre la propiedad intelectual en Internet, la LISI aprobada por el Gobierno limita a “los órganos jurisdiccionales competentes” la autorización para cerrar webs, cuando ésta afecten a los derechos y libertades de expresión e información. Esa ley también incluye medidas para extender la factura electrónica e impone a las grandes empresas de servicios públicos facilitar un medio de interlocución telemática con sus clientes.